En situaciones de emergencia, la intervención rápida y adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En España, la legislación y las normativas han evolucionado para promover la participación ciudadana en estos escenarios, especialmente en lo que respecta al uso de desfibriladores externos automáticos (DEA). La Ley del Buen Samaritano y las regulaciones sobre el uso de DEA fuera del ámbito sanitario son ejemplos clave de cómo se busca fomentar una cultura de ayuda mutua y respuesta efectiva ante emergencias cardiacas.
La Ley del Buen Samaritano, aunque no existe como una legislación única y específica en España, se refiere al principio legal por el cual los ciudadanos que prestan ayuda en situaciones de emergencia están protegidos de posibles responsabilidades legales, siempre y cuando actúen de manera razonable y con la intención de ayudar. Este principio se encuentra implícito en el Código Penal y en la legislación civil, buscando animar a las personas a intervenir sin miedo a consecuencias legales negativas.
El artículo 195 (De la omisión del deber de socorro) del Código Penal español establece la obligación de socorro a personas que se encuentren desvalidas y en peligro manifiesto y grave, siempre que sea posible sin riesgo propio o de terceros. La falta de socorro puede conllevar sanciones, lo que refuerza la necesidad de una sociedad más solidaria y proactiva en situaciones de emergencia: “el que encontrare a una persona desamparada y desvalida y no la auxiliare, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses”. Esta disposición refleja la obligación moral y legal de prestar asistencia en casos de emergencia cuando sea posible y no entrañe un riesgo indebido. Es decir, existe el delito de omisión del deber de socorro
La muerte súbita cardíaca es una de las principales causas de mortalidad en España. La utilización de desfibriladores externos automáticos (DEA) por parte de personas no profesionales del ámbito sanitario ha demostrado ser crucial para aumentar las tasas de supervivencia. Los DEA están diseñados para ser utilizados por cualquier persona, independientemente de su formación médica, gracias a su funcionamiento intuitivo y a las instrucciones que proporcionan de manera automática.
En los últimos años, España ha adoptado diversas normativas autonómicas para regular la instalación y uso de DEA en lugares públicos. Estas normativas varían de una comunidad autónoma a otra, pero en general, buscan facilitar el acceso a estos dispositivos y promover su uso por la ciudadanía.
Algunas comunidades autónomas han implementado leyes que obligan a la instalación de DEA en lugares de gran afluencia de personas, como centros comerciales, aeropuertos, instalaciones deportivas, y centros educativos. Además, se promueve la formación básica en resucitación cardiopulmonar (RCP) y uso de DEA para el personal de estos establecimientos y para la población en general.
Es importante destacar que los decretos incorporan en su artículo de quién puede usarlo un punto generalista: En el caso de una situación excepcional en la que no sea posible disponer en ese momento de una persona con la formación o titulación necesaria para el uso del desfibrilador, el servicio de emergencias a través del teléfono 112 podrá autorizar a cualquier otra persona para el manejo del desfibrilador, manteniendo en todo momento dicho servicio la supervisión del proceso.
La formación y concienciación sobre el uso de DEA son aspectos fundamentales para su efectividad. A través de campañas de sensibilización y programas de formación, se busca capacitar a la mayor cantidad de personas posible. Estos programas suelen ser organizados por organismos de salud pública, asociaciones sin ánimo de lucro, y entidades privadas, y abarcan desde talleres básicos hasta cursos más completos de primeros auxilios y soporte vital básico.
La Ley del Buen Samaritano y la regulación del uso de desfibriladores externos automáticos en España reflejan un compromiso creciente con la salud pública y la seguridad ciudadana. Fomentar la intervención de los ciudadanos en situaciones de emergencia, protegidos por un marco legal que respalda sus acciones, y facilitar el acceso y uso de dispositivos salvavidas como los DEA, son pasos cruciales hacia una sociedad más segura y solidaria. Con una formación adecuada y una normativa favorable, cada persona puede ser un potencial salvavidas en momentos críticos.
¿Está tipificado en el Código Penal tratar de reanimar a alguien? NO.
¿Le hemos causado las lesiones o la enfermedad que le ha llevado a la situación de PCR? NO: Es una persona, a falta de que un médico lo certifique, muerta o a punto de estarlo. Todo lo que le hagamos es para ayudar, no vamos a empeorar la situación. De modo que NO se nos puede achacar nada. ¿Y si le rompemos una costilla? Le hemos salvado la vida, prima la vida sobre esa lesión. A este punto añadir que el Código Penal define como «ESTADO DE NECESIDAD«, y lo explica en el artículo 20.5º: «El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
- Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
- Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.»
Por tanto, la formación es necesaria para un uso correcto del DEA, pero en caso de duda, no hay que temer una sanción, porque no debe haberla.